157. Principio antiformalista.

Transcripción:

Resumen en 307 palabras, 2 minutos de lectura.

El principio antiformalista, un principio que busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, eliminando trámites y requisitos innecesarios. Dar importancia al “Qué” sin descuidar el “Cómo”, aplicar el sentido común y ser más eficientes. 

A lo largo del tiempo este principio ha ido ganando terreno y ahora es parte importante del derecho administrativo como respuesta a la necesidad de adaptar la administración pública a las demandas de una sociedad en constante cambio y evolución.

El principio antiformalista no está solo, hay otros principios como el de legalidad, que quiere que la administración siga la ley; el de eficacia, que busca resultados concretos; el de proporcionalidad, que pide medidas adecuadas y proporcionadas; o el de responsabilidad, que exige que la administración asuma las consecuencias de sus acciones. No todos estos principios van siempre de la mano, aunque el antiformalista intenta facilitar las cosas y hacer la vida un poco menos complicada para todos.

En el ámbito de la contratación pública el principio antiformalista puede aplicarse simplificando pliegos, eliminando requisitos innecesarios, facilitando solvencias o usando medios electrónicos. Aunque con mucho cuidado, ya que cuando se está gastando dinero público resulta primordial garantizar el cumplimiento de las normas y el respeto al resto de los principios que rigen la contratación pública y el derecho administrativo.

A pesar de sus beneficios, la aplicación de este principio enfrenta ciertos desafíos y limitaciones, cómo encontrar un equilibrio adecuado entre simplificación y garantías legales, garantizar la interpretación y aplicación consistente del principio, gestionar el riesgo de arbitrariedad, o superar la resistencia al cambio. De hecho, en el ámbito de la contratación pública, hay muchos casos donde se necesita formalismo para mantener la igualdad, imparcialidad y transparencia. 

En fin, aplicar el principio antiformalista es complicado, aunque es importante lograr un buen balance para lograr una administración más accesible y a la vez justa y transparente.

Hasta aquí el resumen.

Aunque tú seas sujeto pasivo del principio antiformalista, conocerlo es importante porque ayuda a comprender qué puede y no puede hacer la administración para simplificar y agilizar procesos en la contratación pública, eliminando formalidades innecesarias y redundantes. 

Que la administración tenga una gestión más eficiente, con menos burocracia, facilita la participación de las empresas y reduce significativamente los costes de preparar y presentar ofertas.

Además, conocer este principio ayuda a identificar situaciones en las que no se debe aplicar, evitando potenciales problemas legales y garantizando la integridad y confianza en el sistema de contratación pública.

En el ámbito del derecho administrativo, que es la rama del derecho que regula la organización, funciones y actividades de las administraciones públicas y sus relaciones con otros, el principio antiformalista busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, eliminando trámites y requisitos innecesarios que puedan entorpecer la eficiencia y la eficacia de las administraciones públicas. 

Dicho de otra manera: es tan importante el “qué” como el “cómo”. 

Todo esto sin perder de vista uno de los principios fundamentales del derecho administrativo, el principio de legalidad, según el cual la administración pública sólo puede actuar de acuerdo con lo establecido en la ley.

Dicho de otra manera: el “cómo” se hacen las cosas es fundamental. Lo que en la práctica supone que para garantizar una actuación válida y correcta el “cómo” resulte esencial, y debido a eso el “qué” puede pasar a segundo plano. 

Por tanto este principio antiformalista que vendría a poner un poco de sentido común y daría mayor flexibilidad a la administración para lograr sus fines obliga a hacer equilibrios entre la necesidad de simplificar y la obligación de mantener las garantías legales.

Una cuestión interesante y conveniente ésta del principio antiformalista, que no resulta fácil aplicar cuando deben observarse otros principios como el de legalidad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia, etc. 

Concepto de principio antiformalista

Definición y objetivo del principio antiformalista

El principio antiformalista es un concepto jurídico presente en el derecho administrativo que busca priorizar la eficacia, eficiencia y finalidad de los actos y procedimientos administrativos por encima de meras formalidades o requisitos estrictos. 

El objetivo de este principio es garantizar que la administración pública actúe en beneficio del interés general y evite que la rigidez de los procedimientos y trámites se convierta en un obstáculo para la resolución de los problemas y necesidades de los ciudadanos.

Podría decirse que el principio antiformalista promueve que la administración se enfoque en la esencia y el propósito de las normas jurídicas, evitando que se detenga o se paralice la gestión pública debido a cuestiones formales que no afecten sustancialmente el contenido y el resultado final de los actos administrativos. 

El principio antiformalista se basa en la idea de que el derecho administrativo debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso, de forma que se protejan derechos e intereses de los administrados y permitiendo a su vez que la administración funcione con mayor efectividad y eficiencia.

Origen y evolución del principio en el derecho administrativo español

Antes de la aplicación del principio antiformalista el enfoque predominante en la gestión pública era el formalismo, que se caracterizaba por una rigidez excesiva y una estricta adherencia a las normas y procedimientos. 

El formalismo y sus efectos son conocidos por todos: 

• Lentitud y burocracia: La rigidez de los procedimientos administrativos y la exigencia de cumplir con muchas formalidades y requisitos, a menudo innecesarios o redundantes, provoca demoras en la resolución de trámites y expedientes, algo que afecta tanto a la administración como a los ciudadanos.
• Ineficiencia y falta de eficacia: El enfoque formalista dificulta la toma de decisiones y la resolución de problemas de manera efectiva y eficiente. Predomina cumplir con trámites y requisitos formales, en lugar de orientarse en objetivos y metas.
• Desigualdad y falta de protección de los derechos e intereses de los ciudadanos: La estricta adherencia a las formalidades a menudo dejaba a los ciudadanos en situaciones de desventaja, ya que se privilegian las formas por encima del fondo de los asuntos. Situaciones de clara desventaja para nosotros, que no dedicamos nuestra jornada laboral a conocer y cumplimentar trámites administrativos, fuente inagotable de injusticias y desigualdades.
• Rigidez y falta de adaptabilidad: Al final, esa rigidez, esa falta de flexibilidad no permite que la administración se adapte a las circunstancias y necesidades específicas de cada caso, lo que además de limitar su capacidad de respuesta produce que la administración vaya por un sitio y la realidad social vaya por otro.

El principio antiformalista trata de resolver o al menos mitigar estos problemas, promoviendo una administración más flexible, eficiente y orientada al interés general. 

En las últimas décadas el principio antiformalista ha ido cobrando importancia en España, está cada vez más presente debido a que las leyes han evolucionado y también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que vienen reconociendo la necesidad de garantizar una administración pública eficiente y eficaz. 

El principio antiformalista se ha convertido en un elemento esencial del derecho administrativo español, guiando la interpretación y aplicación de las normas y contribuyendo a una administración pública más ágil y centrada en el interés general. 

Comparación con otros principios del derecho administrativo (ej. principio de legalidad, transparencia, etc.)

El principio antiformalista no está solo, es uno de los múltiples principios que rigen el derecho administrativo y la actuación de las administraciones públicas. Su observación o aplicación debe convivir con otros principios igualmente necesarios y útiles. 

• Principio de legalidad: principio que establece que la actuación de las administraciones públicas debe basarse en la ley y el derecho. La diferencia principal con el principio antiformalista es que mientras este trata de reducir la burocracia y las formalidades innecesarias, el principio de legalidad busca garantizar que la actuación administrativa se ajuste al marco legal establecido, lo que en muchas ocasiones implica más prevenciones o formalidades que garanticen las actuaciones.

• Principio de eficacia: establece que la administración debe actuar de manera que se logren los resultados previstos y se cumplan los objetivos establecidos. Otro principio que trata de mejorar la actuación administrativa, el principio antiformalista pone el acento en la simplificación y reducción de trámites y formalidades, y el principio de eficacia se centra en la obtención de resultados. 

• Principio de proporcionalidad: que viene a decir que las medidas adoptadas por la administración deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas a los fines que se pretendan alcanzar. Ambos principios buscan eliminar formalidades innecesarias y redundantes en los procedimientos administrativos, lo que contribuye a que se adopten medidas proporcionadas. 

• Principio de responsabilidad: que establece que la administración pública y sus empleados deben asumir las consecuencias de sus acciones y decisiones, tanto en el ámbito administrativo como en el civil y penal. Difícil conciliar la simplificación y agilización de los procedimientos con la rendición de cuentas y la asunción de las consecuencias derivadas de la actuación administrativa.

En resumen, el principio antiformalista es complementario a otros principios del derecho administrativo y no todos están alineados con el propósito del antiformalismo.

Aplicación del principio antiformalista en la contratación pública

El principio antiformalista aplicado en el ámbito de la contratación pública implica que las formalidades y requisitos exigidos en los procedimientos de contratación sean simplificados y limitados a lo estrictamente necesario. Se busca evitar la rigidez y burocracia excesiva, se persigue agilizar la tramitación y facilitar la participación de empresas y profesionales.

Es evidente, si es más sencillo y hay menos burocracia que satisfacer, cuesta menos entender y participar en licitaciones. 

En teoría y bajo el punto de vista de la administración, este antiformalismo puede manifestarse o aplicarse de distintas maneras: 

• Simplificando pliegos, evitando esos pliegos de 50, 60, 70 páginas en los que se para saber cuando te van a devolver la garantía definitiva tienes que leer tres cláusulas y aún así no acaba de quedar claro.
• Eliminando requisitos innecesarios, como es estar presentando mil y una declaraciones responsables, o haciendo a la gente rellenar modelos de DEUC particulares.
• Simplificando los requisitos de solvencia económica y solvencia técnica, que muchas veces y por su exceso de formalismo parecen más pensados para dejar licitadores fuera que para meterlos dentro de la liza.
• Usando medios electrónicos, la contratación electrónica reduce la carga administrativa y los costes para licitadores y administraciones. Ahora bien, si cada uno quiere usar su plataforma solo se consigue poner palos en la rueda. 
• Haciendo una interpretación flexible de los requisitos, atendiendo a los objetivos o necesidad que se busca satisfacer con el contrato, evitando la rigidez y el exceso de formalismo. Que en caso de duda o discrepancia se priorice la solución menos mala, la que garantice la eficacia, la eficiencia y el interés general.

Casos en los que se puede aplicar el principio antiformalista en la contratación pública

A continuación, se presentan algunos ejemplos prácticos de cómo el principio antiformalista afecta la contratación pública y facilita la participación de los interesados:

Presentación de documentos en el “sobre A”: 

• Antes, y te hablo de este siglo, para participar en una licitación los licitadores teníamos que presentar una gran cantidad de documentos y certificados para demostrar desde el primer momento la solvencia y capacidad para llevar a cabo la ejecución del contrato. Desde el primer momento tenías que presentar en papel y en la misma administración las escrituras en copia compulsada, fotocopias del DNI del que firmaba compulsadas, la acreditación de los requisitos de solvencia económica y de solvencia técnica, y si te descuidabas hasta una garantía provisional para participar en la licitación. Y luego ocuparte de recoger todos los documentos, que los contratos solo se adjudican a uno.
• Ahora, la aplicación del principio antiformalista ha promovido la simplificación de estos requisitos, permitiendo, por ejemplo, la presentación de una declaración responsable (a veces varias) en lugar de todos esos documentos. Solo cuando te proponen como adjudicatario del contrato has de aportar las evidencias.

Corrección de errores y omisiones menores: 

• Antes, cuando faltaba algún documento, o algún documento tenía un error lo normal era que fuera automáticamente excluida. Es cierto que en los últimos 20 años esta práctica se ha ido matizando pasando de ese negro a un gris cada vez más claro.
• Ahora, el principio antiformalista permite a las administraciones darnos la oportunidad de corregir estos errores u omisiones, siempre que no afecten al contenido esencial de la oferta y no vulneren el principio de igualdad de trato.

Procedimientos abreviados: 

• Antes, la única forma de tratar de acortar plazos y trámites en el procedimiento de adjudicación de un contrato público era tramitarlo mediante el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía.
• Ahora, las administraciones disponen del procedimiento abierto simplificado, y de una versión de este el procedimiento de adjudicación abierto abreviado, que prescinde de la acreditación de solvencias, del depósito de la garantía e incluso de la formalización del contrato. Tres cosas que suponen más burocracia y se llevan por delante un mínimo de 20 días.

Valoración de ofertas: especialmente en aquellos criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, que aún estando bajo el principio de discrecionalidad técnica, dependiendo de quién valore pueden acabar siendo aplicados con excesivo rigor o formalismo. El principio antiformalista encamina a las administraciones a valorar las ofertas centrándose en los aspectos sustanciales y la calidad de las propuestas y no tanto en sus carencias o falta de mención a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Límites de la aplicación del principio antiformalista

Hay situaciones, casos o supuestos en los que la aplicación del principio antiformalista no resulta adecuada, no nos conviene, o directamente no se permite. Hay formalismos que nos protegen y protegen la integridad y confianza en el sistema. Formalismos necesarios para garantizar la igualdad, la imparcialidad y la transparencia en el proceso de contratación. Algunos casos son:

Incumplimiento de requisitos esenciales: Si un licitador no cumple con los requisitos esenciales establecidos en los pliegos, como estar en posesión de la solvencia técnica y solvencia económica requeridas, el principio antiformalista no puede ser aplicado para permitir la participación o en su caso adjudicación del contrato a este licitador. 

Plazos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público: como son los plazos de presentación de ofertas o los plazos para la interposición de recursos. No se pueden modificar, alterar o flexibilizar con la excusa del principio antiformalista. Los plazos son necesarios para garantizar la igualdad de trato y la seguridad jurídica en el proceso de adjudicación.

Cambios sustanciales en el contrato, la modificación de los contratos: El principio antiformalista no puede servir de pretexto para modificar un contrato una vez que este ha sido adjudicado. Cuestiones como el alcance de los trabajos que comprende, su precio y hasta los plazos de ejecución no pueden alterarse sin atender con rigor a los formalismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para ello. Estas modificaciones afectan a la igualdad de trato y la transparencia en el proceso de contratación y pueden llegar a otorgar una ventaja competitiva injusta al adjudicatario del contrato. En muchas ocasiones, de conocerse las modificaciones, las ofertas hubieran sido distintas. 

Fraude, corrupción o conflicto de intereses: El principio antiformalista no puede ser utilizado para justificar o encubrir situaciones de fraude, corrupción o conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de un contrato o durante su ejecución. Todo el proceso de contratación pública debe llevarse a cabo con integridad y transparencia, los formalismos también nos protegen de estas malas prácticas. 

Incumplimiento de normas y principios básicos: El principio antiformalista está muy bien, aunque no se debe aplicar en detrimento de las normas y principios básicos que rigen la contratación pública, como la igualdad de trato, la no discriminación o la transparencia. Estos principios están por encima y garantizan un proceso de contratación justo y abierto, por eso nos conviene que sean  respetados en todo momento.

La burocracia y los formalismos no son gratuitos, no se han creado para satisfacer a los burócratas. Aunque el principio antiformalista busca simplificar y agilizar la contratación pública, su aplicación no puede contravenir los requisitos esenciales, los plazos legales y obligatorios, ni los principios básicos que rigen la contratación pública. En estos casos, la rigidez y las formalidades son necesarias para garantizar la igualdad, la imparcialidad y la transparencia en el proceso de contratación.

Los grises del principio antiformalista

Las cuestiones que acabo de relacionar son evidentes y hacen referencia a situaciones o casos fácilmente identificables. El reto está en las zonas grises, cuando el principio debe ser aplicado. En la práctica, como siempre.

Verdaderos límites y desafíos que enfrentan las personas que deben gestionar la contratación pública y aplicar la Ley de Contratos del Sector Público con el rigor de la norma, y el sentido común que pide este principio antiformalista. Hagamos juntos un ejercicio de empatía con estas personas y valoremos aquellos aspectos difíciles de la aplicación del principio antiformalista. 

Equilibrio entre simplificación y garantías legales: El principal desafío al aplicar el principio antiformalista en la contratación pública es encontrar un equilibrio adecuado entre la simplificación de los procedimientos y el mantenimiento de las garantías legales necesarias para asegurar la igualdad, la imparcialidad y la transparencia en el proceso de contratación. Reducir demasiado las formalidades puede dar lugar a situaciones de discriminación, favoritismo o arbitrariedad. Por eso, para no equivocarse lo mejor es aferrarse al formalismo.

Interpretación y aplicación inconsistente: La aplicación del principio antiformalista puede variar entre diferentes administraciones y órganos, lo que puede generar incertidumbre e inconsistencia en la interpretación y aplicación de las normas en materia de contratación pública. Estas inconsistencias dificultan la práctica y generan inseguridad jurídica. Hay muchos casos de posiciones distintas sobre un mismo aspecto por parte de Juntas Consultivas o Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, opiniones o interpretaciones distintas que en la práctica jurídica se conocen como “doctrina controvertida” o “doctrina en disputa”. Ante la falta de consenso entre juristas y tribunales, ante la falta de doctrina unificadora, el recurso es atenerse de forma estricta a la norma y ser rigurosamente formalistas para no vulnerar los principios esenciales.

Cambio cultural y resistencia al cambio: La implementación del principio antiformalista en la contratación pública también implica un cambio cultural en las administraciones, que tradicionalmente han valorado la rigidez y el cumplimiento estricto de las normas. La resistencia al cambio, aunque sobretodo la falta de capacitación y conocimiento sobre las normas que afectan a la contratación pública, dificultan la aplicación efectiva del principio antiformalista en la práctica. De ahí la necesidad de profesionalización en la contratación pública a la que aludía en el episodio 151.

La aplicación del principio antiformalista en la contratación pública presenta varios desafíos y limitaciones, cómo encontrar un equilibrio adecuado entre simplificación y garantías legales, garantizar la interpretación y aplicación consistente del principio y superar la resistencia al cambio. Seguro que hay más, aunque yo solo soy un contratista que intenta entender todo esto.

Balance entre la aplicación del principio antiformalista y el cumplimiento de otras normativas y principios en el derecho administrativo

La aplicación del principio antiformalista en la contratación pública implica un delicado equilibrio entre la simplificación de los procedimientos y el cumplimiento de otras normativas y principios fundamentales en el derecho administrativo. Para lograr este equilibrio, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

Respeto al principio de legalidad: El principio antiformalista no debe utilizarse para eludir o incumplir las disposiciones legales aplicables en materia de contratación pública. Aunque este principio busca simplificar los procedimientos y eliminar formalidades innecesarias, la aplicación de la normativa legal sigue siendo esencial para garantizar un proceso de contratación justo y transparente.

El principio de igualdad y no discriminación: Al aplicar el principio antiformalista, es fundamental garantizar la igualdad de trato y la no discriminación entre los licitadores. Esto implica que cualquier flexibilización o simplificación de los procedimientos no debe beneficiar o perjudicar injustamente a ciertos licitadores. La igualdad y la no discriminación son principios básicos en la contratación pública y deben ser respetados en todo momento.

Principio de transparencia y acceso a la información: La aplicación del principio antiformalista no debe comprometer la transparencia del proceso de contratación pública ni limitar el acceso a la información de los licitadores y el público en general. La información sobre los procedimientos de contratación y los criterios de adjudicación debe ser accesible, clara y comprensible para todos los interesados. 

Competencia y eficiencia: El principio antiformalista debe aplicarse de manera que promueva la competencia entre los licitadores y garantice la eficiencia en la contratación pública. La simplificación de los procedimientos debe facilitar la participación de un mayor número de licitadores, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y permitir a las administraciones públicas obtener el mejor valor por su inversión.

Control y responsabilidad: La aplicación del principio antiformalista no debe impedir el control y la responsabilidad de las administraciones públicas en la contratación pública. Los órganos de control y supervisión deben seguir desempeñando su función de garantizar el cumplimiento de las normas y principios aplicables en materia de contratación pública, incluso en un contexto de simplificación y flexibilización de los procedimientos.

Aplicar el principio antiformalista es de todo menos fácil, a todos nos conviene que exista un equilibrio adecuado entre su aplicación y el cumplimiento de otras normativas y principios del derecho administrativo. Es importante que esto sea así para garantizar un proceso de contratación pública que además de ser justo, transparente y eficiente, sea percibido como tal. 

Este texto es una transcripción del episodio nº 157 del podcast ‘Contratación Pública’ que se puede escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast.

Resumen en 307 palabras, 2 minutos de lectura.

El principio antiformalista, un principio que busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, eliminando trámites y requisitos innecesarios. Dar importancia al “Qué” sin descuidar el “Cómo”, aplicar el sentido común y ser más eficientes. 

A lo largo del tiempo este principio ha ido ganando terreno y ahora es parte importante del derecho administrativo como respuesta a la necesidad de adaptar la administración pública a las demandas de una sociedad en constante cambio y evolución.

El principio antiformalista no está solo, hay otros principios como el de legalidad, que quiere que la administración siga la ley; el de eficacia, que busca resultados concretos; el de proporcionalidad, que pide medidas adecuadas y proporcionadas; o el de responsabilidad, que exige que la administración asuma las consecuencias de sus acciones. No todos estos principios van siempre de la mano, aunque el antiformalista intenta facilitar las cosas y hacer la vida un poco menos complicada para todos.

En el ámbito de la contratación pública el principio antiformalista puede aplicarse simplificando pliegos, eliminando requisitos innecesarios, facilitando solvencias o usando medios electrónicos. Aunque con mucho cuidado, ya que cuando se está gastando dinero público resulta primordial garantizar el cumplimiento de las normas y el respeto al resto de los principios que rigen la contratación pública y el derecho administrativo.

A pesar de sus beneficios, la aplicación de este principio enfrenta ciertos desafíos y limitaciones, cómo encontrar un equilibrio adecuado entre simplificación y garantías legales, garantizar la interpretación y aplicación consistente del principio, gestionar el riesgo de arbitrariedad, o superar la resistencia al cambio. De hecho, en el ámbito de la contratación pública, hay muchos casos donde se necesita formalismo para mantener la igualdad, imparcialidad y transparencia. 

En fin, aplicar el principio antiformalista es complicado, aunque es importante lograr un buen balance para lograr una administración más accesible y a la vez justa y transparente.

Hasta aquí el resumen.

Aunque tú seas sujeto pasivo del principio antiformalista, conocerlo es importante porque ayuda a comprender qué puede y no puede hacer la administración para simplificar y agilizar procesos en la contratación pública, eliminando formalidades innecesarias y redundantes. 

Que la administración tenga una gestión más eficiente, con menos burocracia, facilita la participación de las empresas y reduce significativamente los costes de preparar y presentar ofertas.

Además, conocer este principio ayuda a identificar situaciones en las que no se debe aplicar, evitando potenciales problemas legales y garantizando la integridad y confianza en el sistema de contratación pública.

En el ámbito del derecho administrativo, que es la rama del derecho que regula la organización, funciones y actividades de las administraciones públicas y sus relaciones con otros, el principio antiformalista busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, eliminando trámites y requisitos innecesarios que puedan entorpecer la eficiencia y la eficacia de las administraciones públicas. 

Dicho de otra manera: es tan importante el “qué” como el “cómo”. 

Todo esto sin perder de vista uno de los principios fundamentales del derecho administrativo, el principio de legalidad, según el cual la administración pública sólo puede actuar de acuerdo con lo establecido en la ley.

Dicho de otra manera: el “cómo” se hacen las cosas es fundamental. Lo que en la práctica supone que para garantizar una actuación válida y correcta el “cómo” resulte esencial, y debido a eso el “qué” puede pasar a segundo plano. 

Por tanto este principio antiformalista que vendría a poner un poco de sentido común y daría mayor flexibilidad a la administración para lograr sus fines obliga a hacer equilibrios entre la necesidad de simplificar y la obligación de mantener las garantías legales.

Una cuestión interesante y conveniente ésta del principio antiformalista, que no resulta fácil aplicar cuando deben observarse otros principios como el de legalidad, igualdad, transparencia, eficacia, eficiencia, etc. 

Concepto de principio antiformalista

Definición y objetivo del principio antiformalista

El principio antiformalista es un concepto jurídico presente en el derecho administrativo que busca priorizar la eficacia, eficiencia y finalidad de los actos y procedimientos administrativos por encima de meras formalidades o requisitos estrictos. 

El objetivo de este principio es garantizar que la administración pública actúe en beneficio del interés general y evite que la rigidez de los procedimientos y trámites se convierta en un obstáculo para la resolución de los problemas y necesidades de los ciudadanos.

Podría decirse que el principio antiformalista promueve que la administración se enfoque en la esencia y el propósito de las normas jurídicas, evitando que se detenga o se paralice la gestión pública debido a cuestiones formales que no afecten sustancialmente el contenido y el resultado final de los actos administrativos. 

El principio antiformalista se basa en la idea de que el derecho administrativo debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso, de forma que se protejan derechos e intereses de los administrados y permitiendo a su vez que la administración funcione con mayor efectividad y eficiencia.

Origen y evolución del principio en el derecho administrativo español

Antes de la aplicación del principio antiformalista el enfoque predominante en la gestión pública era el formalismo, que se caracterizaba por una rigidez excesiva y una estricta adherencia a las normas y procedimientos. 

El formalismo y sus efectos son conocidos por todos: 

• Lentitud y burocracia: La rigidez de los procedimientos administrativos y la exigencia de cumplir con muchas formalidades y requisitos, a menudo innecesarios o redundantes, provoca demoras en la resolución de trámites y expedientes, algo que afecta tanto a la administración como a los ciudadanos.
• Ineficiencia y falta de eficacia: El enfoque formalista dificulta la toma de decisiones y la resolución de problemas de manera efectiva y eficiente. Predomina cumplir con trámites y requisitos formales, en lugar de orientarse en objetivos y metas.
• Desigualdad y falta de protección de los derechos e intereses de los ciudadanos: La estricta adherencia a las formalidades a menudo dejaba a los ciudadanos en situaciones de desventaja, ya que se privilegian las formas por encima del fondo de los asuntos. Situaciones de clara desventaja para nosotros, que no dedicamos nuestra jornada laboral a conocer y cumplimentar trámites administrativos, fuente inagotable de injusticias y desigualdades.
• Rigidez y falta de adaptabilidad: Al final, esa rigidez, esa falta de flexibilidad no permite que la administración se adapte a las circunstancias y necesidades específicas de cada caso, lo que además de limitar su capacidad de respuesta produce que la administración vaya por un sitio y la realidad social vaya por otro.

El principio antiformalista trata de resolver o al menos mitigar estos problemas, promoviendo una administración más flexible, eficiente y orientada al interés general. 

En las últimas décadas el principio antiformalista ha ido cobrando importancia en España, está cada vez más presente debido a que las leyes han evolucionado y también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que vienen reconociendo la necesidad de garantizar una administración pública eficiente y eficaz. 

El principio antiformalista se ha convertido en un elemento esencial del derecho administrativo español, guiando la interpretación y aplicación de las normas y contribuyendo a una administración pública más ágil y centrada en el interés general. 

Comparación con otros principios del derecho administrativo (ej. principio de legalidad, transparencia, etc.)

El principio antiformalista no está solo, es uno de los múltiples principios que rigen el derecho administrativo y la actuación de las administraciones públicas. Su observación o aplicación debe convivir con otros principios igualmente necesarios y útiles. 

• Principio de legalidad: principio que establece que la actuación de las administraciones públicas debe basarse en la ley y el derecho. La diferencia principal con el principio antiformalista es que mientras este trata de reducir la burocracia y las formalidades innecesarias, el principio de legalidad busca garantizar que la actuación administrativa se ajuste al marco legal establecido, lo que en muchas ocasiones implica más prevenciones o formalidades que garanticen las actuaciones.

• Principio de eficacia: establece que la administración debe actuar de manera que se logren los resultados previstos y se cumplan los objetivos establecidos. Otro principio que trata de mejorar la actuación administrativa, el principio antiformalista pone el acento en la simplificación y reducción de trámites y formalidades, y el principio de eficacia se centra en la obtención de resultados. 

• Principio de proporcionalidad: que viene a decir que las medidas adoptadas por la administración deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas a los fines que se pretendan alcanzar. Ambos principios buscan eliminar formalidades innecesarias y redundantes en los procedimientos administrativos, lo que contribuye a que se adopten medidas proporcionadas. 

• Principio de responsabilidad: que establece que la administración pública y sus empleados deben asumir las consecuencias de sus acciones y decisiones, tanto en el ámbito administrativo como en el civil y penal. Difícil conciliar la simplificación y agilización de los procedimientos con la rendición de cuentas y la asunción de las consecuencias derivadas de la actuación administrativa.

En resumen, el principio antiformalista es complementario a otros principios del derecho administrativo y no todos están alineados con el propósito del antiformalismo.

Aplicación del principio antiformalista en la contratación pública

El principio antiformalista aplicado en el ámbito de la contratación pública implica que las formalidades y requisitos exigidos en los procedimientos de contratación sean simplificados y limitados a lo estrictamente necesario. Se busca evitar la rigidez y burocracia excesiva, se persigue agilizar la tramitación y facilitar la participación de empresas y profesionales.

Es evidente, si es más sencillo y hay menos burocracia que satisfacer, cuesta menos entender y participar en licitaciones. 

En teoría y bajo el punto de vista de la administración, este antiformalismo puede manifestarse o aplicarse de distintas maneras: 

• Simplificando pliegos, evitando esos pliegos de 50, 60, 70 páginas en los que se para saber cuando te van a devolver la garantía definitiva tienes que leer tres cláusulas y aún así no acaba de quedar claro.
• Eliminando requisitos innecesarios, como es estar presentando mil y una declaraciones responsables, o haciendo a la gente rellenar modelos de DEUC particulares.
• Simplificando los requisitos de solvencia económica y solvencia técnica, que muchas veces y por su exceso de formalismo parecen más pensados para dejar licitadores fuera que para meterlos dentro de la liza.
• Usando medios electrónicos, la contratación electrónica reduce la carga administrativa y los costes para licitadores y administraciones. Ahora bien, si cada uno quiere usar su plataforma solo se consigue poner palos en la rueda. 
• Haciendo una interpretación flexible de los requisitos, atendiendo a los objetivos o necesidad que se busca satisfacer con el contrato, evitando la rigidez y el exceso de formalismo. Que en caso de duda o discrepancia se priorice la solución menos mala, la que garantice la eficacia, la eficiencia y el interés general.

Casos en los que se puede aplicar el principio antiformalista en la contratación pública

A continuación, se presentan algunos ejemplos prácticos de cómo el principio antiformalista afecta la contratación pública y facilita la participación de los interesados:

Presentación de documentos en el “sobre A”: 

• Antes, y te hablo de este siglo, para participar en una licitación los licitadores teníamos que presentar una gran cantidad de documentos y certificados para demostrar desde el primer momento la solvencia y capacidad para llevar a cabo la ejecución del contrato. Desde el primer momento tenías que presentar en papel y en la misma administración las escrituras en copia compulsada, fotocopias del DNI del que firmaba compulsadas, la acreditación de los requisitos de solvencia económica y de solvencia técnica, y si te descuidabas hasta una garantía provisional para participar en la licitación. Y luego ocuparte de recoger todos los documentos, que los contratos solo se adjudican a uno.
• Ahora, la aplicación del principio antiformalista ha promovido la simplificación de estos requisitos, permitiendo, por ejemplo, la presentación de una declaración responsable (a veces varias) en lugar de todos esos documentos. Solo cuando te proponen como adjudicatario del contrato has de aportar las evidencias.

Corrección de errores y omisiones menores: 

• Antes, cuando faltaba algún documento, o algún documento tenía un error lo normal era que fuera automáticamente excluida. Es cierto que en los últimos 20 años esta práctica se ha ido matizando pasando de ese negro a un gris cada vez más claro.
• Ahora, el principio antiformalista permite a las administraciones darnos la oportunidad de corregir estos errores u omisiones, siempre que no afecten al contenido esencial de la oferta y no vulneren el principio de igualdad de trato.

Procedimientos abreviados: 

• Antes, la única forma de tratar de acortar plazos y trámites en el procedimiento de adjudicación de un contrato público era tramitarlo mediante el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía.
• Ahora, las administraciones disponen del procedimiento abierto simplificado, y de una versión de este el procedimiento de adjudicación abierto abreviado, que prescinde de la acreditación de solvencias, del depósito de la garantía e incluso de la formalización del contrato. Tres cosas que suponen más burocracia y se llevan por delante un mínimo de 20 días.

Valoración de ofertas: especialmente en aquellos criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, que aún estando bajo el principio de discrecionalidad técnica, dependiendo de quién valore pueden acabar siendo aplicados con excesivo rigor o formalismo. El principio antiformalista encamina a las administraciones a valorar las ofertas centrándose en los aspectos sustanciales y la calidad de las propuestas y no tanto en sus carencias o falta de mención a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Límites de la aplicación del principio antiformalista

Hay situaciones, casos o supuestos en los que la aplicación del principio antiformalista no resulta adecuada, no nos conviene, o directamente no se permite. Hay formalismos que nos protegen y protegen la integridad y confianza en el sistema. Formalismos necesarios para garantizar la igualdad, la imparcialidad y la transparencia en el proceso de contratación. Algunos casos son:

Incumplimiento de requisitos esenciales: Si un licitador no cumple con los requisitos esenciales establecidos en los pliegos, como estar en posesión de la solvencia técnica y solvencia económica requeridas, el principio antiformalista no puede ser aplicado para permitir la participación o en su caso adjudicación del contrato a este licitador. 

Plazos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público: como son los plazos de presentación de ofertas o los plazos para la interposición de recursos. No se pueden modificar, alterar o flexibilizar con la excusa del principio antiformalista. Los plazos son necesarios para garantizar la igualdad de trato y la seguridad jurídica en el proceso de adjudicación.

Cambios sustanciales en el contrato, la modificación de los contratos: El principio antiformalista no puede servir de pretexto para modificar un contrato una vez que este ha sido adjudicado. Cuestiones como el alcance de los trabajos que comprende, su precio y hasta los plazos de ejecución no pueden alterarse sin atender con rigor a los formalismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público para ello. Estas modificaciones afectan a la igualdad de trato y la transparencia en el proceso de contratación y pueden llegar a otorgar una ventaja competitiva injusta al adjudicatario del contrato. En muchas ocasiones, de conocerse las modificaciones, las ofertas hubieran sido distintas. 

Fraude, corrupción o conflicto de intereses: El principio antiformalista no puede ser utilizado para justificar o encubrir situaciones de fraude, corrupción o conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de un contrato o durante su ejecución. Todo el proceso de contratación pública debe llevarse a cabo con integridad y transparencia, los formalismos también nos protegen de estas malas prácticas. 

Incumplimiento de normas y principios básicos: El principio antiformalista está muy bien, aunque no se debe aplicar en detrimento de las normas y principios básicos que rigen la contratación pública, como la igualdad de trato, la no discriminación o la transparencia. Estos principios están por encima y garantizan un proceso de contratación justo y abierto, por eso nos conviene que sean  respetados en todo momento.

La burocracia y los formalismos no son gratuitos, no se han creado para satisfacer a los burócratas. Aunque el principio antiformalista busca simplificar y agilizar la contratación pública, su aplicación no puede contravenir los requisitos esenciales, los plazos legales y obligatorios, ni los principios básicos que rigen la contratación pública. En estos casos, la rigidez y las formalidades son necesarias para garantizar la igualdad, la imparcialidad y la transparencia en el proceso de contratación.

Los grises del principio antiformalista

Las cuestiones que acabo de relacionar son evidentes y hacen referencia a situaciones o casos fácilmente identificables. El reto está en las zonas grises, cuando el principio debe ser aplicado. En la práctica, como siempre.

Verdaderos límites y desafíos que enfrentan las personas que deben gestionar la contratación pública y aplicar la Ley de Contratos del Sector Público con el rigor de la norma, y el sentido común que pide este principio antiformalista. Hagamos juntos un ejercicio de empatía con estas personas y valoremos aquellos aspectos difíciles de la aplicación del principio antiformalista. 

Equilibrio entre simplificación y garantías legales: El principal desafío al aplicar el principio antiformalista en la contratación pública es encontrar un equilibrio adecuado entre la simplificación de los procedimientos y el mantenimiento de las garantías legales necesarias para asegurar la igualdad, la imparcialidad y la transparencia en el proceso de contratación. Reducir demasiado las formalidades puede dar lugar a situaciones de discriminación, favoritismo o arbitrariedad. Por eso, para no equivocarse lo mejor es aferrarse al formalismo.

Interpretación y aplicación inconsistente: La aplicación del principio antiformalista puede variar entre diferentes administraciones y órganos, lo que puede generar incertidumbre e inconsistencia en la interpretación y aplicación de las normas en materia de contratación pública. Estas inconsistencias dificultan la práctica y generan inseguridad jurídica. Hay muchos casos de posiciones distintas sobre un mismo aspecto por parte de Juntas Consultivas o Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, opiniones o interpretaciones distintas que en la práctica jurídica se conocen como “doctrina controvertida” o “doctrina en disputa”. Ante la falta de consenso entre juristas y tribunales, ante la falta de doctrina unificadora, el recurso es atenerse de forma estricta a la norma y ser rigurosamente formalistas para no vulnerar los principios esenciales.

Cambio cultural y resistencia al cambio: La implementación del principio antiformalista en la contratación pública también implica un cambio cultural en las administraciones, que tradicionalmente han valorado la rigidez y el cumplimiento estricto de las normas. La resistencia al cambio, aunque sobretodo la falta de capacitación y conocimiento sobre las normas que afectan a la contratación pública, dificultan la aplicación efectiva del principio antiformalista en la práctica. De ahí la necesidad de profesionalización en la contratación pública a la que aludía en el episodio 151.

La aplicación del principio antiformalista en la contratación pública presenta varios desafíos y limitaciones, cómo encontrar un equilibrio adecuado entre simplificación y garantías legales, garantizar la interpretación y aplicación consistente del principio y superar la resistencia al cambio. Seguro que hay más, aunque yo solo soy un contratista que intenta entender todo esto.

Balance entre la aplicación del principio antiformalista y el cumplimiento de otras normativas y principios en el derecho administrativo

La aplicación del principio antiformalista en la contratación pública implica un delicado equilibrio entre la simplificación de los procedimientos y el cumplimiento de otras normativas y principios fundamentales en el derecho administrativo. Para lograr este equilibrio, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

Respeto al principio de legalidad: El principio antiformalista no debe utilizarse para eludir o incumplir las disposiciones legales aplicables en materia de contratación pública. Aunque este principio busca simplificar los procedimientos y eliminar formalidades innecesarias, la aplicación de la normativa legal sigue siendo esencial para garantizar un proceso de contratación justo y transparente.

El principio de igualdad y no discriminación: Al aplicar el principio antiformalista, es fundamental garantizar la igualdad de trato y la no discriminación entre los licitadores. Esto implica que cualquier flexibilización o simplificación de los procedimientos no debe beneficiar o perjudicar injustamente a ciertos licitadores. La igualdad y la no discriminación son principios básicos en la contratación pública y deben ser respetados en todo momento.

Principio de transparencia y acceso a la información: La aplicación del principio antiformalista no debe comprometer la transparencia del proceso de contratación pública ni limitar el acceso a la información de los licitadores y el público en general. La información sobre los procedimientos de contratación y los criterios de adjudicación debe ser accesible, clara y comprensible para todos los interesados. 

Competencia y eficiencia: El principio antiformalista debe aplicarse de manera que promueva la competencia entre los licitadores y garantice la eficiencia en la contratación pública. La simplificación de los procedimientos debe facilitar la participación de un mayor número de licitadores, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y permitir a las administraciones públicas obtener el mejor valor por su inversión.

Control y responsabilidad: La aplicación del principio antiformalista no debe impedir el control y la responsabilidad de las administraciones públicas en la contratación pública. Los órganos de control y supervisión deben seguir desempeñando su función de garantizar el cumplimiento de las normas y principios aplicables en materia de contratación pública, incluso en un contexto de simplificación y flexibilización de los procedimientos.

Aplicar el principio antiformalista es de todo menos fácil, a todos nos conviene que exista un equilibrio adecuado entre su aplicación y el cumplimiento de otras normativas y principios del derecho administrativo. Es importante que esto sea así para garantizar un proceso de contratación pública que además de ser justo, transparente y eficiente, sea percibido como tal. 

Este texto es una transcripción del episodio nº 157 del podcast ‘Contratación Pública’ que se puede escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast.