165. Principio de proporcionalidad

Transcripción:

Resumen en 420 palabras, 2,5 minutos de lectura.

El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo garantiza que las actuaciones de la administración pública sean adecuadas, necesarias y equilibradas con respecto a los fines que las justifican, tratando de evitar así acciones excesivas o insuficientes. 

En el derecho administrativo español, el principio de proporcionalidad deriva del artículo 103 de la Constitución, que establece que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales. 

El principio de proporcionalidad se aplica a través de tres criterios básicos: 

• La idoneidad, que exige que la acción sea adecuada para el objetivo; 
• La necesidad, que requiere que no haya otras medidas igualmente eficaces y menos restrictivas; 
• Y la proporcionalidad en sentido estricto, que demanda que los beneficios de la acción superen sus inconvenientes. 

En el ámbito de la contratación pública, el principio de proporcionalidad está igualmente presente en sus distintas fases. 

• En la preparación de la licitación, se debe garantizar que los requisitos de solvencia y los criterios de adjudicación son proporcionales al contrato. 
• Durante el proceso de licitación, los criterios de adjudicación deben aplicarse de forma justa y equilibrada, evitando descartar ofertas por discrepancias menores. 
• En la fase de ejecución del contrato, las acciones ante incumplimientos deben ser proporcionales, considerando las circunstancias antes de tomar medidas drásticas.

El principio antiformalista, que prioriza el contenido sustancial de una acción sobre su forma, y el principio de proporcionalidad, que busca respuestas adecuadas a la situación, trabajan juntos y se combinan muy bien en el ámbito de la contratación pública. Ambos principios actúan como salvaguardas contra decisiones excesivamente formales o desproporcionadas, y pueden considerarse complementarios en la búsqueda de mayor eficiencia en la contratación pública.

Aunque hay que tener en cuenta que el principio de proporcionalidad se aplica en conjunto con otros principios en el ámbito de la contratación pública. Entre otros: 

• El principio de legalidad, que asegura que las actuaciones del órgano de contratación se basen en la ley, contrastando con el principio de proporcionalidad que modera las acciones según su impacto. 
• El principio antiformalista, que favorece la sustancia sobre la forma, y el de eficacia, que busca lograr resultados. 
• El principio de igualdad y no discriminación: lo que puede limitar la aplicación de la proporcionalidad. 
• El principio de responsabilidad, que impone que las administraciones asuman las consecuencias de sus acciones, lo que favorece la legalidad sobre la proporcionalidad. 

En cualquier caso, estos principios son complementarios y deben adaptarse a cada caso concreto, no siempre habrá consenso sobre cuál es el más adecuado a cada situación. Especialmente si hay algo que te perjudica.

Hasta aquí el resumen.

En este episodio te hablo del principio de proporcionalidad en general, y en el ámbito de la contratación pública en particular.

Me parece interesante que lo conozcas ya que es un principio esencial para garantizar un proceso de licitación justo y sobre todo, equilibrado. 

Conocer que existe y comprender su alcance y función te ayudará a saber si los requisitos, el proceso de evaluación de las ofertas y las acciones de supervisión durante la ejecución del contrato resultan razonables y proporcionales con el valor y objeto del contrato.

Además, por interactuar con otros principios como el antiformalista, el de legalidad, eficacia, igualdad de trato, no discriminación y responsabilidad, equilibra los efectos de unos y de otros, y viene a favorece la eficiencia del proceso. 

Por eso conocer este principio es importante para navegar correctamente en el proceso de contratación pública y proteger tus intereses.

En muchos casos para resolver una cuestión o proseguir un trámite la administración puede optar por distintas opciones, o acciones. En muchos casos escoger la mejor opción, la más adecuada al propósito respetando la legalidad, no es tarea fácil.

Para entenderlo, un ejemplo sencillo de algo que todos entendemos: calentar un poco de agua.

• Puedes usar el microondas.
• Poner una cacerola en la vitrocerámica.
• Usar una olla a presión.
• Usar un hervidor.
• Usar una lupa y concentrar los rayos del sol.
• Ponerla encima de un ordenador.
• Y por supuesto, abrir el grifo del agua caliente.

La medida más adecuada y proporcional dependerá de la cantidad de agua a calentar, la temperatura que quieres alcanzar, la prisa que tengas, y hasta el destino final de ese agua. Y después de considerar todo esto, todavía tendrás dos o tres opciones para calentar el agua. ¿Cuál de ellas resulta más proporcional, más adecuada?

Pues en muchas ocasiones a las personas de la administración les ocurre justamente esto. { 🙂 Empecemos por el principio, vamos a definir el principio de proporcionalidad y saber de dónde sale esto}

Definición y origen del principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad es un concepto fundamental en el ámbito del derecho administrativo que se utiliza para garantizar que las actuaciones de la administración pública sean:

• Adecuadas a los fines que las justifican: que haya una justa correspondencia entre lo que motiva la acción (supuesto de hecho), los medios que se emplean y el interés general.
• Necesarias, por ser además las menos restrictivas y moderadas: que viene a significar que, cuando haya distintas opciones para resolver o proseguir un asunto, se opte por la menos restrictiva para el destinatario de la media.
• Equilibradas, por derivarse de ellas para el interés general, beneficios superiores a las limitaciones que adoptar la medida pueda comportar: es decir, que la administración sale ganando y el administrado no especialmente perjudicado, o al menos en la media justa y proporcional.

En resumen, el principio dicta que las acciones de las autoridades públicas deben estar en proporción con el fin que pretenden alcanzar. Se trata de prevenir acciones excesivas o insuficientes por parte de la administración pública. Todo en su justa medida. 

Pero, ¿de dónde proviene este principio? Para encontrar sus raíces, debemos irnos atrás en el tiempo hasta la antigua Roma. Aunque los romanos no utilizaron el término “proporcionalidad” como tal, la esencia del concepto se puede rastrear hasta la ley romana, ¡cómo no!. Este principio evolucionó con el tiempo y ganó importancia en el derecho continental europeo en los siglos XIX y XX, consolidándose como uno de los criterios fundamentales para evaluar la legalidad y equidad de las decisiones administrativas.

En el contexto español, el principio de proporcionalidad es un principio implícito en la Constitución Española de 1978, aunque no se mencione de forma expresa. Se considera un principio general del Derecho y es parte integral de nuestro sistema jurídico y administrativo. 

Es, por tanto, un principio normalmente aplicado por los tribunales y por la administración para garantizar que las acciones promovidas por esta estén equilibradas con los objetivos que se pretenden alcanzar.

Aplicación del principio de proporcionalidad en España

En España, el principio de proporcionalidad tiene una función relevante en el derecho administrativo, aunque no está explícitamente definido en la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional  sí lo ha identificado como una exigencia derivada del artículo 103 de la Constitución Española, que establece que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales. 

La aplicación del principio de proporcionalidad en el derecho administrativo español se rige por tres criterios básicos:

• Idoneidad: Según este criterio, la medida adoptada por la administración debe ser adecuada para el logro del objetivo perseguido. Que se haga justamente y ni más ni menos que lo que hay que hacer.
• Necesidad: De acuerdo con este criterio, la medida tomada debe ser necesaria, es decir, no puede existir ninguna otra medida que sea igual de eficaz pero menos restrictiva de los derechos de los ciudadanos.
• Proporcionalidad en sentido estricto: Este criterio requiere que los beneficios de la medida adoptada superen los inconvenientes que implica su aplicación. Algo así como “No matar moscas a cañonazos”, o el consabido “Para este viaje no hacían falta alforjas”.

Estos tres criterios proporcionan un marco que permite definir el marco en el que se deben tomar las decisiones por parte de la administración cuando se trata de optar entre distintos medios para un mismo fin. Cuando estos criterios no se cumplen, es probable que se esté vulnerando el principio de proporcionalidad.

Por ejemplo:

Criterio de idoneidad: Imagina una situación en la que un ayuntamiento quiere reducir la contaminación del aire en la ciudad. Para lograrlo, decide prohibir todos los vehículos a motor en el centro de la ciudad. La medida sería idónea, eliminaría una fuente importante de contaminación del aire, y sin duda contribuiría a alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Criterio de necesidad: Supón ahora que el ayuntamiento pudiera conseguir la misma reducción en los niveles de contaminación permitiendo solo vehículos eléctricos en el centro de la ciudad en lugar de prohibir todos los vehículos a motor. En este caso, la prohibición de todos los vehículos a motor sería una medida más restrictiva de lo necesario, ya que existiría una alternativa igualmente eficaz, pero menos restrictiva. 

Criterio de proporcionalidad en sentido estricto: Ahora, imaginemos que la prohibición de todos los vehículos a motor en el centro de la ciudad provoca un grave trastorno en el transporte y el comercio, causando más problemas de los que resuelve. Aunque la medida es idónea y necesaria para reducir la contaminación, los beneficios de una mejor calidad del aire podrían no compensar los graves inconvenientes causados por la prohibición. En este caso, se podría decir que la medida no cumple con el criterio de proporcionalidad en sentido estricto.

En resumen, en el derecho español, el principio de proporcionalidad actúa como un control de la actividad administrativa, garantizando que las decisiones de las autoridades sean adecuadas, necesarias y equilibradas con respecto al fin que se pretende alcanzar.

Principio de Proporcionalidad y contratación pública

El principio de proporcionalidad, como no podía ser de otra manera, también se aplica en las distintas fases de adjudicación y ejecución de un contrato público. Para hacernos a la idea:

En la fase de preparación de la licitación, cuando se está formando el expediente de contratación: En esta fase, los órganos de contratación deben garantizar que, entre otras cosas, los requisitos de solvencia económica y solvencia técnica y los criterios de adjudicación sean proporcionales al objeto y valor del contrato. No se deben establecer requisitos excesivos o desproporcionados que puedan limitar la participación y competencia. Por ejemplo, no sería proporcional exigir a los licitadores haber tenido una facturación anual mínima de 1 millón de euros para un contrato de obras de 100.000 euros.

Durante el proceso de licitación del contrato: en este momento el principio de proporcionalidad se puede aplicar cuando se evalúan las ofertas. Los criterios de adjudicación deben ser aplicados de manera justa y equilibrada. Por ejemplo, si una propuesta es descartada debido a una discrepancia menor que en absoluto afecta a su idoneidad global, esto podría ser considerado desproporcionado. Por ejemplo: por equivocarse en la cifra del IVA de la oferta económica, o por no poner el número del DNI de la persona que firma correctamente. (Y esto te suena a antiformalismo, ¿verdad?)

Y ya durante la fase de ejecución del contrato: la administración debe continuar aplicando el principio de proporcionalidad en la supervisión y gestión del contrato. Esto significa que, entre otras cosas, cualquier acción tomada en respuesta al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista debe ser proporcional. Por ejemplo, si un arquitecto o un ingeniero se retrasa en entregar un proyecto, no sería en absoluto proporcional rescindir inmediatamente el contrato sin tener en cuenta las circunstancias que llevaron al retraso y sin dar al contratista la oportunidad de remediar la situación. 

El principio de proporcionalidad es una guía constante durante todo el proceso de contratación pública, desde la preparación de la licitación hasta la ejecución del contrato. Ayuda a asegurar que las acciones de la administración pública sean justas, equilibradas y razonables en relación con el objeto y {por supuesto} el valor del contrato.

Principio de Proporcionalidad en la Contratación Pública en Relación con el principio antiformalista

El principio antiformalista es un principio jurídico que sostiene que el contenido sustancial de una decisión o acción es más importante que su forma. En el contexto de la contratación pública, este principio implica que se debe prestar tanta e incluso más atención al propósito y a los resultados de la contratación que a los detalles formales y burocráticos del proceso. Aunque como tuvimos oportunidad de oír en el episodio 157 todo tiene un límite y existen otros principios que deben ser observados.

En la contratación pública, el principio de proporcionalidad y el principio antiformalista pueden ‘trabajar’ juntos para garantizar un proceso de contratación más justo y eficiente.

Por ejemplo, el caso en el que un licitador presenta una propuesta que es técnicamente superior y más económica, pero que contiene un error menor en la documentación. En este caso, el principio antiformalista dictaría que se debe prestar más atención a la calidad de la propuesta que al error formal. Por su parte, el principio de proporcionalidad también estaría en juego, ya que excluir al licitador por un error menor no sería una respuesta proporcionada.

Por tanto, ambos principios juntos pueden actuar como salvaguardas contra decisiones excesivamente formales o desproporcionadas en el proceso de contratación. En este sentido, el principio de proporcionalidad puede considerarse como una extensión del principio antiformalista. Ambos principios sirven para lograr una mayor eficiencia en la contratación pública, evitando que algunos detalles formales y burocráticos impidan estos objetivos.

Principio de proporcionalidad y otros principios a tener en cuenta en la contratación pública

El principio de proporcionalidad se aplica junto con otros principios, con algunos se lleva muy bien (como es el caso del principio antiformalista), y existen otros que lo matizan, moderan, condicionan y hasta compensan. Todos los principios son necesarios y, en cualquier caso, conviene saber que este principio no vive solo, que es tan solo uno de los distintos principios que rigen el derecho administrativo y la actuación de las administraciones públicas. Su observación o aplicación debe convivir con otros principios igualmente necesarios. 

Principio de legalidad: un principio que establece que la actuación de las administraciones públicas debe basarse en la ley y el derecho. Este principio contrasta con el principio de proporcionalidad ya que mientras esté de alguna forma modera o considera las acciones administrativas en relación con su impacto, el principio de legalidad se centra en que las actuaciones de la administración sean conformes a lo establecido en la ley, de forma rigurosa además. Lo que también es necesario, muy necesario para que el sistema sea consistente, predecible y seguro. El principio de legalidad nos protege de la arbitrariedad que se quiera justificar por la proporcionalidad.

El principio proporcionalidad tiene dos aliados, el principio antiformalista (ya comentado), y el principio de eficacia: establece que la administración debe actuar de manera que se logren los resultados previstos y se cumplan los objetivos establecidos. Otro principio que trata de mejorar la actuación administrativa, el principio de proporcionalidad pone el acento en la mesura y proporcionalidad de la actuación, y el principio de eficacia se centra en la obtención de resultados. 

Y ya dentro de la contratación pública, hay que tener en cuenta el principio de igualdad de trato y no discriminación en relación al principio de proporcionalidad. Te pondré un ejemplo: Imagina que has tenido un problema para presentar la licitación, en aplicación del principio de proporcionalidad y para favorecer al interés general al órgano de contratación le convendría admitir tu oferta aunque se haya presentado de forma extemporánea. Si el órgano de contratación admitiera tu oferta no estaría respetando el principio de igualdad de trato, ni tampoco el de legalidad. Existen límites al hecho de que la administración tome en cuenta circunstancias excepcionales o particulares.

Principio de responsabilidad: que establece que la administración pública y sus empleados (el funcionariado) deben asumir las consecuencias de sus acciones y decisiones, tanto en el ámbito administrativo como en el civil y penal. Por eso, en muchas ocasiones los principios que priman a la hora de ponderar que actuación resulta más proporcional sean el de legalidad y el de responsabilidad. Algo así como “cortar por lo sano”. 

En resumen,el principio de proporcionalidad es complementario a otros principios que se aplican en el ámbito del derecho administrativo y la contratación pública,  y por tratarse de principios de algo adaptable a cada caso, no siempre estaremos de acuerdo con qué resulta más adecuado en cada caso.

Este texto es una transcripción del episodio nº 165 del podcast ‘Contratación Pública’ que se puede escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast.