Situación y perspectivas de la Contratación Pública en mayo-junio de 2020.

Resumen – 2 minutos de lectura.

La situación especial, va a durar mucho tiempo. 

En estos momentos todo se está acabando de ajustar a esa perspectiva temporal.

Desde el 7 de mayo la administración puede volver a contratar, aunque eso sí, la tramitación ha de ser obligatoriamente por medios electrónicos.

El papel, ir al registro del Órgano de Contratación, se ha acabado y probablemente no vuelva más.

Hoy se está recuperando el nivel de contratación, se vuelve a contratar con cierta normalidad, aunque lo que más abunda son las compras relacionadas con todo lo relacionado -directa e indirectamente- con la COVID-19.

En cuanto a los dineros públicos, lo que permite que haya Contratación Pública:

Por parte de la Unión Europea las perspectivas son buenas.

Parece que no coartarán drásticamente el nivel de gasto o inversión públicos.

En cuanto a la Administración General del Estado: la mayor parte de la inversión y el gasto lo gestionan las administraciones locales y autonómicas.

Las Autonomías, los gobiernos regionales han reactivado la Contratación Pública, aunque a la expectativa, cautelosos, esperando a que se confirme y cuantifique el refuerzo financiero que ha de venir de la Unión Europea y que debe administrar el Gobierno de España.

Los Ayuntamientos están a la expectativa de saber qué van a recibir y con qué pueden contar para hacer frente a estos nuevos gastos.

Quienes disponen de los recursos, de las condiciones y mecanismos para utilizar sus superavits, una cantidad de dinero más que respetable y que no tiene que venir de ningún sitio, que esta ahí, disponible.

La Contratación Pública ha vuelto, y lo normal, es que se restablezcan los niveles de contratación habituales.

Algo que será posible cuando se haga efectiva la disponibilidad de los recursos que nos presta la Unión Europea.

Por lo que podemos mirar al futuro con optimismo.

Hasta aquí el resumen.

Muchas personas me han preguntado mi opinión o análisis sobre la situación de la Contratación Pública, 

Sobre las perspectivas que hay para este año y, a medio plazo.

Lo que voy a hacer es contarte los hechos y la información a la que he podido acceder. 

El 14 de marzo, se declaró el estado de alarma por en el Real Decreto 463/2020  para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad conocida como COVID-19.

La Disposición adicional tercera del Real Decreto del 14 de marzo establecía la suspensión de plazos administrativos.

Decía textualmente que: Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. 

Y se añadía que el cómputo de los plazos se reanudaría  cuando cese el estado de alarma.

Era difícil pronosticar cuánto iba a durar esta situación de amenaza, de vulnerabilidad, ante esta enfermedad COVID-19.

Van a ser años.

Trato de informarme, y trato de no hacerlo en abundancia, aunque sí en calidad, por eso cuido especialmente las fuentes.

Y para llegar a esta conclusión resultó especialmente revelador el artículo escrito por Bill Gates, decía que: si en los próximos 18 meses se descubre una vacuna que sirva para la COVID-19, sería la vez que menos ha tardado el ser humano en desarrollar una vacuna. 

Una cosa es desarrollar la vacuna, y otra bien distinta producirla, y luego, distribuirla. 

Dos cosas que requieren mucho dinero y planificación.

Advierte en su artículo de que no estamos seguros de qué vacunas de todas las que se están desarrollando resultarán más eficaces, y la cuestión es que la fabricación de una vacuna en concreto requiere de una tecnología específica. 

Lo que implica que los países tienen que invertir en plantas de producción muy diferentes.

Y  todo eso sabiendo que algunas de ellas nunca se utilizarán.

Si no se hace así, habría que esperear a que se fabriquen las fábricas que produzcan vacunas a gran escala.

Dejo el enlace al artículo de Bill Gates en las notas del programa.

El decreto de alarma supuso darle al “pause” de la contratación pública

Lo que me llevó a ver a funcionarios dudar sobre si se podían pagar facturas, o si se tenía que parar todo. 

Es justo reconocer que hubo funcionarios que trabajaron el doble, mañana y tarde.

Tomando la iniciativa y estando a la altura de las circunstancias.

Hasta el jueves 7 de mayo, día en que entraron en vigor las medidas previstas en el Real Decreto-ley 17/2020, que en su disposición adicional octava levantó la suspensión de los plazos de los procedimientos de contratación. 

Toda la Contratación Pública que se había paralizado se reanudó automáticamente. 

Según ley; por disposición de la misma.

Con la publicación en el BOE es bastante para que todo se reanude.

En esa misma Disposición adicional octava se permite el inicio de nuevos procedimientos de contratación.

No solo sigue lo que se había pausado. Se pueden convocar nuevas licitaciones. 

Se vuelve a contratar. 

Pero en esa disposición adicional octava se ponía una condición a todo esto: y es que solo se podrían reanudar las licitaciones que se tramitaron electrónicamente.

Solo permite que se inicien nuevas contrataciones que se tramiten electrónicamente. 

La Contratación Pública puede continuar.

La Contratación Pública, debe continuar.

Todo tendría que ser electrónico desde hace años

Así lo establecen la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y también la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector Público, y también la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Para poder proseguir con las licitaciones iniciadas en papel se está estudiando que se pueda continuar, y rematar la contratación iniciada en papel, a través de medios electrónicos. 

Lo electrónico, la contratación electrónica, se va a acelerar, se conseguirá  utilizar en nuestras relaciones con la administración tecnologías que existen desde el siglo 20.

¿Cómo están en estos momentos las licitaciones? ¿qué se contrata?

Después de estar observando 2 semanas: no se puede decir que estemos igual que antes, pero sí se puede decir que se avanza hacia la recuperación de los niveles de contratación.

Las compras públicas atienden a necesidades previstas e ineludibles en el caso de los servicios y los suministros. 

O a necesidades planificadas, en el caso de las obras.

Por otro lado, en todos los niveles de las administraciones públicas se tiene claro que -en situaciones como esta- la demanda de servicios, productos y obras no debe decaer.

Debe crecer para apoyar a la economía.

Las empresas, los profesionales, no necesitamos préstamos ni subvenciones, necesitamos trabajo y buenas condiciones para trabajar.

Aunque las líneas ICO han aliviado y ayudan a encarar el futuro inmediato.

Bajo mi punto de vista, con que se mantenga la demanda y se ejecute lo planificado y previsto en los presupuestos es suficiente.

Cuanto antes se recupere el ritmo de gasto e inversión que había previsto, mejor. 

Presupuestos 

Respecto de la Unión Europea: Las últimas noticias son francamente esperanzadoras. 

Sabíamos que iba a llegar dinero de Europa, que a corto plazo no habría problemas. 

Lo que inquietaba eran las condiciones en que ese dinero iba a llegar, y especialmente lo que eso podía suponer a medio y largo plazo.

Esta situación se ha desatascado en los últimos días. 

Por lo que por Europa, todo bien.

En cuanto a la Administración General del Estado, el Gobierno de España.

Llevamos con los presupuestos prorrogados desde el año 2018. 

Bajo mi punto de vista es irrelevante debido al elevado número de competencias transferidas a las comunidades autónomas.

Resulta importante que el Gobierno de España tenga un presupuesto actualizado, en vigor, acorde al tiempo y las circunstancias de la época. 

Aunque lo que realmente importante, es que las autonomías dispongan de presupuestos aprobados. 

De las 17 autonomías solo tienen el presupuesto prorrogado Madrid y Castilla y León, todas las demás tienen sus cuentas en orden.

Esos presupuestos, fueron formulados sin tener en cuenta el impacto de la enfermedad COVID-19, que va a suponer una merma de ingresos considerable, y ya está suponiendo un vertiginoso aumento del gasto sanitario y asistencial. 

Y por eso es importante lo que ocurra en Europa, y conveniente que el Gobierno de España tenga las cuentas claras. 

En los próximos meses, resulta crítica la financiación, la inversión, y los recursos que se transfieran desde el Gobierno de España.

Las autonomías siguen comprando, invirtiendo y también están a la expectativa, ya que a corto plazo, tienen claro que la prioridad es atender a las necesidades sanitarias, y sociales  que han emergido.

Si el dinero no llega a tiempo, puede haber problemas, y los presupuestos, los recursos, se deberán acomodar a atender las necesidades primarias.

Y por último los Ayuntamientos. El último eslabón de la cadena.

Los municipios de España no suelen tener problemas en cuanto a la aprobación de sus presupuestos. 

Desde 2012 los ayuntamientos están controlados por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los ayuntamientos están contratando, han continuado y siguen sacando a licitación nuevos contratos públicos. 

Aunque no con el mismo vigor, frecuencia, o intensidad que resulta habitual en otras circunstancias.

Los boletines oficiales, los ayuntamientos están sacando muchas ayudas relacionadas con los efectos de la COVID-19.

¿Y eso qué supone para la Contratación Pública?

Los ayuntamientos también están a la expectativa.

Todos los supuestos que sirvieron para formular los presupuestos se han quebrado o han desaparecido.

También las administraciones locales esperan el riego de dinero que ha de venir de Europa para aclarar su situación y hacer frente a los desfases presupuestarios que está suponiendo, y va a suponer en el futuro, la COVID-19.

Hay una cuestión que resulta favorable para los Ayuntamientos cumplidores.

Desde la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria los ayuntamientos no pueden gastar su superávit presupuestario, sus remanentes.

Son casi 11.000 millones de Euros.

El Gobierno de España tiene previsto permitir a los ayuntamientos emplear ese dinero que cada ayuntamiento tenga por superávit o remanentes, para financiar este proceso llamado de desescalada, y utilizarlo en medidas o ayudas que promuevan el restablecimiento de las condiciones sociales y económicas pre-pandemia.

El desbloqueo de esos recursos contribuirá a que los presupuestos de los ayuntamientos -sus gastos previstos y sus inversiones- se ejecuten como estaba previsto y no se vean mermados por los gastos originados por la pandemia.